¿Qué contempla la reforma 2025?

Con fecha 17 de julio de 2025, se reformó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como “Ley Antilavado”.

Establece nuevas obligaciones para sectores vulnerables, prevé mecanismos de identificación y reporte de operaciones financieras sospechosas, buscando cerrar vacíos legales. Las principales modificaciones incluyen:

1. Se especifican Actividades Vulnerables
   • La recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario.
   • Servicios de plataformas digitales que manejen pagos en criptomonedas.
   • Actividades relacionadas con la compraventa de activos virtuales (NFTs, DeFi, etc.).
   • Prestadores de servicios contables externos, en ciertos umbrales.
2. Nuevos umbrales de identificación y reporte
   • Se reducen algunos montos mínimos para requerir identificación del cliente.
   • Se establece la obligación de reportar operaciones inusuales en menor tiempo (de 30 a 15 días hábiles).
3. Mayor enfoque en riesgo
   • Las entidades obligadas deberán implementar modelos de riesgo basados en perfiles de clientes, operaciones y regiones.
   • Se promueve una mayor capacitación obligatoria y auditorías internas.
4. Digitalización y automatización
   • Se obliga al uso de sistemas electrónicos de envío de reportes con mejoras de trazabilidad.
   • Se prevé la interoperabilidad con plataformas del SAT y UIF para cruce de información.
5. Nuevas obligaciones a los sujetos obligados
   1. Actualización inmediata de manuales de cumplimiento y políticas internas, en cuanto a:
      • Identificación del Beneficiario Controlador y recabar medios de identificación cuando el cliente o usuario sea persona moral.
      • Evaluación basada en riesgos para identificar, analizar, entender y mitigar riesgos propios y de los clientes.
      • Desarrollo de procesos para selección de personal e implementación de programas de capacitación anuales.
      • Mecanismos automatizados para monitoreo del perfil transaccional y personas políticamente expuestas o de alto riesgo.
      • Auditorías internas o externas, según el nivel de riesgo.
   2. Revisión y adecuación de contratos, formularios y bases de datos.

¿Qué sigue?

Las reformas entrarán en vigor de forma gradual, con plazos específicos:

• Regla general: Al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
• 90 días para modificaciones administrativas.
• 180 días para la implementación tecnológica y ajustes operativos.
• Las sanciones comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

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